La Procuraduría General del Estado ha instado al fiscal General, Juan Lanchipa, a cumplir con los estándares internacionales en la investigación de delitos sexuales contra menores, en medio de la controversia generada por las recientes revelaciones sobre el expresidente Evo Morales.
En un comunicado emitido el 2 de octubre, la Procuraduría recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará imponen la obligación al Estado de investigar estos delitos de oficio y con especial atención a la protección de la víctima. “La debida diligencia exige una investigación exhaustiva y medidas de protección desde el inicio del proceso”, señala el documento.
La alerta se da tras la difusión de una orden de aprehensión contra Morales por presuntas denuncias de estupro y trata de personas, aunque dicha orden fue revocada por un fallo judicial en Santa Cruz. La exfiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó que Lanchipa le instruyó no indagar en el caso. Sin embargo, Lanchipa ha desmentido esta versión y ha anunciado la creación de una comisión para investigar las acusaciones.
La comisión, que se ha declarado en reserva, examina las denuncias que señalan una relación entre Morales y una menor de 15 años en 2015, de la cual resultó el nacimiento de una niña. Entre las evidencias presentadas se incluye un certificado de nacimiento.
La Procuraduría enfatiza que la Constitución Política del Estado establece el deber del Estado de priorizar el interés superior de los niños y adolescentes, garantizando un acceso ágil a la justicia y asistencia especializada. “El cumplimiento de estos principios es crucial para evitar futuras denuncias internacionales contra el Estado boliviano en los sistemas de protección de derechos humanos”, subraya la Procuraduría.
Morales, por su parte, ha eludido comentar sobre la veracidad de las acusaciones, recordando que en 2020 ya se había investigado el caso, que fue archivado por la Fiscalía. La atención ahora se centra en cómo el Ministerio Público procederá ante estas serias acusaciones y el impacto que esto tendrá en la protección de los derechos de los menores en Bolivia.
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