La Paz, 27 de octubre de 2025 — El presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley Corta Excepcional y Transitoria que busca garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia. El mandatario informó, a través de sus redes sociales, que la norma fue promulgada de manera inmediata tras su recepción.
Arce explicó que, desde el inicio de su gestión, el Gobierno emitió diversas disposiciones para superar el desabastecimiento coyuntural de combustibles y facilitar su importación, incluyendo la autorización al sector privado para importar carburantes tanto para consumo propio como para su comercialización.
Entre las medidas destacadas, mencionó el Decreto Supremo N° 5218, del 4 de septiembre de 2024, que simplifica los requisitos legales y técnicos para la importación directa de combustibles, reduciendo los plazos de trámite de hasta un año a entre cinco y diez días.
Asimismo, el Decreto Supremo N° 5271, del 13 de noviembre de 2024, permite de manera excepcional que personas naturales o jurídicas privadas importen diésel y gasolina para su comercialización interna, beneficiando a sectores como el agrícola, minero y cooperativo.
El Decreto Supremo N° 5313, promulgado el 15 de enero de 2025, amplía el plazo de importación y comercialización de combustibles de uno a tres años, con el fin de brindar mayor previsibilidad financiera y facilitar contratos a largo plazo con proveedores.
De acuerdo con el informe del mandatario, actualmente 72 empresas cuentan con permisos de importación: 39 operan para consumo propio, 26 están autorizadas para la comercialización y 10 realizan la venta directa. Entre enero y septiembre de 2025, el sector privado importó 45.314 metros cúbicos de combustibles para consumo y 17.785 metros cúbicos para comercialización.
El presidente señaló que, aunque el Ejecutivo realizó observaciones técnicas a la nueva ley, su promulgación no fue obstaculizada, ya que el Gobierno “no bloquea iniciativas que puedan contribuir a resolver problemas nacionales”.
Arce advirtió, no obstante, que la libre importación y comercialización sin regulación estatal podría derivar en precios más altos que los actuales, debido a la diferencia con el combustible subvencionado que se distribuye a través de las estaciones de servicio administradas por el Estado.
