La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó el inicio de bloqueos de caminos a nivel nacional desde este martes, tras la ruptura del diálogo con el Gobierno por el decreto 5503, mientras el Ejecutivo anunció la instalación de mesas técnicas y descartó la abrogación de la norma.
La Paz, 6 de enero de 2026 .– La Central Obrera Boliviana, informó este lunes que iniciará un bloqueo nacional de carreteras con el objetivo de exigir la abrogación del decreto supremo 5503. La medida comenzará en las primeras horas del martes y se sumará a las protestas que se desarrollan desde hace dos semanas en la ciudad de La Paz.
El anuncio fue realizado por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, luego de que los dirigentes sindicales se retiraran del diálogo convocado por el Gobierno. La decisión coincidió con el ingreso a La Paz de una marcha encabezada por mineros del sector estatal y otros sectores sindicales, que derivó en enfrentamientos con efectivos policiales, quienes utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes.
Durante la jornada también se registraron incidentes entre manifestantes y transeúntes que cuestionaron la movilización. En paralelo, el Gobierno informó sobre la apertura de mesas técnicas para analizar los alcances del decreto, aunque ratificó que no se contempla su reversión.
El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, puso fin al subsidio a los combustibles y estableció nuevos precios: 6,96 bolivianos por litro para la gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel. Según datos oficiales, estos valores representan incrementos del 86 % en el caso de la gasolina y del 162 % para el diésel en relación con los precios subvencionados vigentes durante más de dos décadas.
La COB encabezó la movilización denominada “Bolivia no se vende”, que se inició el sábado en la localidad de Calamarca, a 54 kilómetros al sur de La Paz, y concluyó este lunes en la sede de Gobierno. La organización sindical reiteró que la abrogación del decreto es una condición para retomar el diálogo y planteó que cualquier nueva normativa sobre el retiro de subvenciones y los incentivos a la inversión sea debatida en la Asamblea Legislativa.
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