La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, se encuentra en fase final y busca revertir la caída en la producción, reducir la dependencia de importaciones y garantizar el abastecimiento de combustibles.
Bolivia, 16 de abril de 2026 .— El Gobierno impulsa un proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos con el objetivo de reactivar la producción en el sector y enfrentar la creciente dependencia de importaciones de combustible. La propuesta se encuentra en su fase final de elaboración y surge en un contexto marcado por dificultades en el abastecimiento y cuestionamientos a la gestión energética.
El diputado Ricardo Rada informó que la iniciativa se estructura en cuatro ejes principales. El primero está orientado a la reactivación de la producción, especialmente en campos considerados maduros, que —según explicó— podrían incrementar su rendimiento con inversiones adicionales.
De acuerdo con la autoridad, la reducción en las actividades de exploración en los últimos años ha derivado en un cambio en la balanza energética del país, que pasó de ser exportador de hidrocarburos a depender de la importación de gasolina. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de un déficit de gas en el mediano plazo si no se adoptan medidas.
El segundo eje contempla la atracción de inversión extranjera mediante el fortalecimiento de garantías jurídicas. Según lo expuesto, se busca generar condiciones que permitan a inversionistas recuperar utilidades en proyectos vinculados al sector.
La propuesta también incluye una reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la reducción del número de subsidiarias y el fortalecimiento de su capacidad técnica. El planteamiento apunta a optimizar el funcionamiento de la empresa estatal.
Otro componente del proyecto establece la continuidad de la propiedad estatal sobre los recursos naturales, junto con la apertura a la participación de capital privado y asesoramiento técnico en instancias de decisión.
Finalmente, la iniciativa incorpora medidas relacionadas con la transparencia en los contratos del sector, que, según lo informado, ya comienzan a ser publicados de manera abierta.
El tratamiento de esta normativa se desarrolla en un escenario de presión sobre el Ejecutivo para implementar reformas estructurales en el sector hidrocarburífero, ante los problemas registrados en el suministro de combustibles en el país.
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