El Ministerio Público informó este lunes que investiga cuatro casos por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para la participación en conflictos bélicos, en el marco del denominado «Caso Rusia». Las pesquisas se desarrollan en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, mientras las autoridades identificaron al supuesto principal reclutador y reforzaron acciones de cooperación internacional para proteger a las posibles víctimas.
Santa Cruz, 20 de julio de 2026 .— El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, confirmó que las investigaciones fueron abiertas bajo la tipificación establecida en el Artículo 281 bis del Código Penal, referido a la trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados.
Según explicó la autoridad, el primer proceso fue iniciado el 20 de mayo en el departamento de Santa Cruz, mientras que un segundo caso se abrió el 14 de julio en la misma región. A esta investigación se incorporó posteriormente un expediente relacionado con la localidad de Portachuelo, en la provincia Sara, debido a los vínculos y antecedentes comunes detectados durante las indagaciones.
Posteriormente, el Ministerio Público registró nuevos casos en los departamentos de Tarija y Beni, ampliando el alcance de las investigaciones y confirmando que el fenómeno no se limita a una sola región del país.
Como resultado de los operativos ejecutados en el segundo caso de Santa Cruz, las autoridades aprehendieron inicialmente a cuatro personas pertenecientes a un mismo entorno familiar, quienes son investigadas por su presunta participación en una red dedicada al reclutamiento de ciudadanos bolivianos con destino a Rusia.
De acuerdo con Mariaca, las investigaciones permitieron identificar al supuesto principal reclutador de la organización, mientras se activaron mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la investigación, intercambiar información con autoridades extranjeras y garantizar la protección de las potenciales víctimas.
El denominado «Caso Rusia» centra la atención de las autoridades debido a la presunta captación de ciudadanos bolivianos mediante ofertas laborales u otros mecanismos de engaño, con el objetivo de trasladarlos al extranjero para su eventual participación en conflictos bélicos, una conducta sancion
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