Daniela Durán Antezana es investigada por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en una causa relacionada con operaciones de combustibles que habrían registrado niveles de gomas por encima de los límites permitidos.
La Paz, 11 de agosto de 2026.— El Ministerio Público presentó una imputación formal contra Daniela Durán Antezana, exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y solicitó que sea enviada con detención preventiva por seis meses al Centro de Rehabilitación de Palmasola, en Santa Cruz, dentro de una investigación vinculada con operaciones de combustibles.
La Fiscalía atribuye a la exfuncionaria, de manera provisional, la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, contemplados en los artículos 154 y 224 del Código Penal.
La imputación está contenida en la Resolución de Imputación Formal D.T.C. N.º 41/2026, documento fechado el 11 de agosto en La Paz y presentado ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Séptimo de la capital.
El proceso se encuentra relacionado con operaciones vinculadas a combustibles que, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, habrían presentado niveles de gomas por encima del límite permitido. Este parámetro está relacionado con las características de calidad de determinados combustibles y constituye uno de los elementos considerados dentro de la investigación.
En este contexto, la Fiscalía sostiene una hipótesis investigativa sobre posibles responsabilidades vinculadas al ejercicio de funciones públicas. La imputación formal constituye, sin embargo, una acusación de carácter provisional dentro de la etapa preparatoria y no determina por sí misma la responsabilidad penal de la investigada.
Como parte de las medidas cautelares, el Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva para Durán Antezana en el pabellón de mujeres de Palmasola, en Santa Cruz.La solicitud deberá ser analizada por la autoridad jurisdiccional competente, que deberá valorar los fundamentos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa antes de determinar si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada u otra disposición prevista por la legislación boliviana.
El caso se suma a las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de YPFB por hechos relacionados con la administración y operaciones de la empresa estatal.
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