La Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia emitió un pronunciamiento en el que dejó claro que Ludwig Sánchez no es un trabajador petrolero ni dirigente del sector, por lo que no tiene legitimidad para representarlos. En su comunicado, señalaron que sus declaraciones no cuentan con el respaldo de los trabajadores ni de ninguna organización del sector. Además, desmintieron la información difundida por Sánchez y el diputado Miguel Roca, quienes han intentado dar validez a estas afirmaciones infundadas.
Los trabajadores petroleros también aclararon que ninguna organización reconocida del sector respalda las declaraciones de Sánchez en los medios de comunicación. Aseguraron que sus intentos de representación son completamente falsos.
La Asamblea Legislativa Departamental de Oruro aprobó la Ley Departamental 267, con la cual se declara oficialmente en desastre departamental a toda la región debido a las graves inundaciones y riadas provocadas por la temporada de precipitaciones. El fenómeno ha afectado a varios municipios del departamento, generando una situación de emergencia que exige una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades.
El gobernador de Oruro, Johnny Vedia, destacó que esta ley abre las puertas a recursos económicos tanto nacionales como internacionales para asistir a los pobladores damnificados. “Esta ley nos permite acceder a ayuda pertinente para poder ayudar a los municipios afectados por las lluvias”, aseguró el mandatario regional en una conferencia de prensa.
Los municipios más golpeados por las inundaciones incluyen Poopó, El Choro, Todos Santos, Carangas, Belén de Andamarca, La Rivera, Huanuni, Antequera, Challapata, Caracollo y Oruro, los cuales ya han sido declarados en emergencia y desastre municipal. A través de esta legislación, la Gobernación de Oruro podrá realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar la asignación de recursos destinados a la atención de los damnificados.
Con esta medida, Oruro se suma a Beni como uno de los dos departamentos declarados en desastre departamental, mientras que otros como La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca han activado alertas de emergencia. En respuesta, el presidente Luis Arce declaró desastre nacional y comprometió la agilización de recursos para asistir a los más de 200 municipios afectados en todo el país. La ley que regula la situación en Oruro tendrá una duración de nueve meses, durante los cuales se implementarán acciones concretas para mitigar el impacto de las inundaciones en los municipios más vulnerables
El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que se emitirá una orden de aprehensión contra Evo Morales si no acude a declarar como testigo en el juicio del caso Golpe I. Explicó que el procedimiento penal establece esta medida ante la inasistencia de un testigo citado. Morales ya cuenta con una orden de aprehensión por otro proceso y permanece en el Trópico de Cochabamba.
El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz emitió mandamientos de comparendo para varios testigos del caso, entre ellos Álvaro García Linera, Carlos Romero, Mario Aguilera y el presidente Luis Arce. Siles aseguró que todo ciudadano debe comparecer ante la justicia, sin importar su cargo, y que Arce declarará cuando sea notificado formalmente.
Los testigos están convocados a presentarse el lunes 31 de marzo a las 14:00 en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La Fiscalía y el Tribunal analizarán las faltas de comparecencia y tomarán medidas conforme a la ley.
Las intensas lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos que afectan a 209 municipios del país, con un saldo de 378.885 familias damnificadas y afectadas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Además, se reportaron 51 personas fallecidas, 8 desaparecidas y 73 familias evacuadas.
El Gobierno nacional mantiene una respuesta activa con operativos de asistencia en los nueve departamentos, priorizando las regiones más afectadas como La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Beni ya se declaró en situación de desastre departamental, mientras que Oruro podría sumarse en las próximas horas.
Hasta el momento, 95 municipios han sido declarados en desastre municipal y 18 en emergencia. Asimismo, 78 municipios se encuentran bajo alerta hidrológica roja y 234 bajo alerta naranja. El Ejecutivo coordina con gobernaciones y alcaldías para mitigar el impacto y garantizar apoyo a las familias afectadas
Marcelo Alemán, acusado por el feminicidio de Singry Paco, recuperó su libertad luego de que la justicia determinara que no existían pruebas suficientes en su contra. Tras pasar más de un año en la cárcel, Alemán manifestó su deseo de retomar su vida y recuperar el tiempo perdido con su familia. “Estoy muy agradecido con mi abogado porque hizo todo su esfuerzo para demostrar mi inocencia”
Durante su reclusión, Alemán aseguró haber sufrido afectaciones físicas y psicológicas. Relató que enfrentó problemas de salud graves, llegando incluso a ser operado en condiciones precarias. “Dormía en el piso y mi madre luchó para que me operen, pero la herida no sanó bien por las malas condiciones”, lamentó. Además, hizo un llamado a la población para que no lo juzgue sin conocerlo.
Pese a su liberación, el caso de Singry Paco sigue siendo motivo de debate. La familia de la víctima mantiene su exigencia de justicia, mientras sectores de la sociedad cuestionan el fallo judicial
El Órgano Ejecutivo promulgó la Ley 1623, que aprueba un crédito de $us 176 millones de la CAF para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo. Este financiamiento permitirá fortalecer la Red Vial Fundamental y mejorar la transitabilidad en el departamento de Cochabamba.
El proyecto contempla la construcción de 44 kilómetros de pavimento rígido y el puente Vilayaque, de 123 metros de longitud. Su ejecución beneficiará a las poblaciones de Confital y Bombeo, facilitando el transporte y la actividad productiva en la región.
Esta obra forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que prioriza la modernización de la infraestructura vial para impulsar el crecimiento y la integración del país. El Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo de carreteras estratégicas que fortalecen la economía y el comercio.
El Viceministerio de Defensa del Consumidor, la Intendencia Municipal, la Policía Nacional e IBMETRO realizaron un conjunto operativo en mercados para verificar los precios de la carne y otros alimentos. La medida busca evitar incrementos irregulares que afecten la economía de la población.
Las autoridades confirmaron que los precios se mantienen estables y anunciaron que continuarán con estos controles para garantizar el acceso a productos básicos a costos justos.
Una mujer de Cochabamba ha denunciado públicamente en redes sociales ser víctima de explotación laboral en la familia Medina, vinculada al político Samuel Doria Medina. La mujer, quien se identificó como trabajadora doméstica en una de las casas de la familia, relató con angustia: “Tengo mucho miedo de escribir esto pero no tengo otra manera de escapar de la prisión que la familia Medina preparó para mí”. Según su testimonio, le quitaron sus documentos y no le fueron devueltos hasta que se cumpliera un año de trabajo, sin recibir su salario completo.
Martha choque Lara explicó que, al llegar buscando una oportunidad, se encontró con una pesadilla laboral. “Soy una mujer sencilla de Cochabamba buscando trabajo por acá y cuando me presenté esta oportunidad me encontré con peor pesadilla”, señaló. Además, señaló que nunca le pagaron los meses de salario y que, cuando intentó irse, fue amenazada con ser denunciada por robo, algo que ella asegura es completamente falso: “Me amenazaron con que si me voy, me buscarán y me denunciarán por robo cuando es mentira”. publico en un post realizado por doria medina en su página de facebook
Este testimonio ha generado preocupación debido a la rapidez con la que fue eliminado el comentario en la página de Samuel Doria Medina. La censura de la denuncia parece ocultar un caso de abuso laboral, lo que aumenta las dudas sobre las prácticas de la familia Medina y su relación con el político.
El Gobierno del presidente Luis Arce reactivó la totalidad de los proyectos del nivel central que fueron paralizados en 2020 por el régimen de facto de Jeanine Áñez, según informó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo en la Rendición Pública de Cuentas Final 2024. Esta medida permitió impulsar la inversión pública y fortalecer la ejecución de programas estratégicos para el desarrollo del país.
Uno de los proyectos remados fue la construcción del Complejo Siderúrgico del Mutún en Puerto Suárez, que había sido detenido en 2020. Gracias a la gestión del Gobierno, la obra fue reactivada en 2021 y entregada en febrero de este año, permitiendo sustituir importaciones de barras corrugadas y alambrón de acero, esenciales para el sector de la construcción.
Asimismo, se puso en marcha la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Potosí, cuya construcción fue paralizada durante el gobierno de facto. Tras los ajustes técnicos y el reinicio de obras, la factoría inició operaciones en diciembre de 2023, consolidando a Bolivia como un actor clave en la industrialización del litio y la producción de materiales estratégicos para el mercado interno y externo.
Una masiva marcha campesina llegó hasta la Gobernación de Tarija exigiendo ser atendidos por el gobernador Óscar Montes, pero este se negó a recibirlos. El dirigente Herbert Quispe pidió un encuentro para tratar la Ley de Emergencia Económica Financiera, sin obtener respuesta favorable.
Montes argumentó que los había esperado a las 9:00 de la mañana y que su agenda ya estaba ocupada. «Estoy reunido con los discapacitados, ustedes tenían que estar a las 9.00 yo los esperé, pero sigan tranquilos con su marcha y después hablamos», respondió desestimando la protesta.
La falta de voluntad del gobernador para atender al sector generó indignación entre los campesinos, quienes anunciaron que mantendrán sus movilizaciones hasta ser escuchados.
