
Refugiado en su bastión del Chapare, Evo Morales ha promovido una serie de bloqueos de caminos, con la intención de adelantar elecciones o forzar la renuncia del presidente Luis Arce. Sin embargo, estas acciones no están orientadas a resolver la crisis económica, sino a evitar que Morales rinda cuentas por graves acusaciones de estupro y trata de personas. Desde su reducto, el exmandatario incita a sus seguidores a paralizar el país, afectando gravemente la vida de los bolivianos.
Los bloqueos impulsados por Morales han generado pérdidas económicas que oscilan entre 80 y 120 millones de dólares por día, golpeando fuertemente el aparato productivo nacional. Mientras los dirigentes afines justifican estas acciones por la crisis económica, sus efectos son devastadores: mayor inflación, escasez de productos básicos y un daño irreparable a la economía del país. El discurso de «Salvar Bolivia» de Morales no convence a la opinión pública, que ve sus movilizaciones como un intento desesperado de evitar la justicia.
La violencia vinculada a estos bloqueos ha escalado, con ataques armados contra la policía y la destrucción de carreteras. Morales busca mantenerse impune, apoyado por una cúpula que se niega a reconocer sus crímenes. La población boliviana exige al gobierno una respuesta firme para restaurar el orden y frenar las acciones que afectan al país y protegen a quienes se niegan a enfrentar a la justicia.