El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana – CC) contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que habilitaba la confiscación de productos. Con esta decisión, la aplicación de dicha disposición queda suspendida provisionalmente, impidiendo al Gobierno ejecutar decomisos bajo esa normativa.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, explicó que se ha aprobado un auto constitucional que admite el recurso y suspende los parágrafos uno y dos de la disposición cuestionada, prohibiendo además el tratamiento de cualquier norma vinculada a este asunto. Asimismo, informó que el recurso será remitido al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, para que presente sus alegatos en un plazo de 15 días tras su notificación.
Por otro lado, el comité multisectorial, que agrupa a diversas organizaciones, anunció movilizaciones desde el 24 de marzo en rechazo a la disposición séptima del PGE 2025, argumentando que afectaría la economía del país y vulneraría derechos fundamentales.
About the Author
