El Ministerio Público indaga la presunta participación de autoridades y funcionarios en la autorización irregular de un concierto en Oruro, donde murió una joven y otra permanece en terapia intensiva.
Oruro, 24 de septiembre de 2025 .– El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que al menos 12 personas fueron citadas a declarar por el caso “Saracho Fest”, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades en la autorización de un concierto musical realizado en instalaciones del colegio Juan Misael Saracho, donde una joven perdió la vida tras una avalancha humana.
Según Morales, las citaciones están programadas para hoy y mañana, e incluyen a profesores, padres de familia y funcionarios municipales. La investigación también alcanza a una concejal, cuya presunta intervención mediante una llamada telefónica habría influido en la autorización del uso del establecimiento educativo.
El fiscal explicó que, en la fase preparatoria, podrían surgir nuevos nombres a partir de las declaraciones, lo que abriría la posibilidad de ampliar las imputaciones y ordenar nuevas aprehensiones.
Además, se investiga la actuación de un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro que autorizó el cobro de una patente municipal a los organizadores del evento, sin cumplir los requisitos establecidos para el uso de infraestructuras educativas fiscales. La Fiscalía cuenta con documentación que comprometería a varios de los citados.
Hasta el momento, la directora de la unidad educativa y el cantante del grupo musical fueron imputados. El músico cumple medidas sustitutivas, como arraigo, fianza económica y firma periódica ante el Ministerio Público, mientras que la directora se encuentra con detención domiciliaria con derecho al trabajo.
El concierto, realizado el 21 de septiembre, reunió un aforo que superó en un 300% la capacidad del recinto, de acuerdo con las imágenes analizadas por los investigadores. El caso, que inicialmente fue abierto por homicidio culposo, amplió sus cargos a uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias.
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