La Paz, 13 de octubre de 2025 — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Subnacionales 2026, que establece criterios y procedimientos para la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales el próximo año.
La iniciativa legislativa, enviada el 9 de octubre, tiene como objetivo garantizar la realización de las subnacionales previstas para 2026, en tanto varios departamentos aún no cuentan con estatutos autonómicos plenamente vigentes.
Según el artículo 2 del proyecto, los departamentos que no hayan concluido la implementación de sus estatutos mantendrán los criterios utilizados en las elecciones del 7 de marzo de 2021 para la composición de sus asambleas legislativas departamentales. Esta disposición alcanza a La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, cuyas asambleas continuarán conformadas por escaños territoriales, escaños poblacionales y representación indígena.
En el caso del departamento del Beni, se ratifica la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que elegirán a sus representantes mediante normas y procedimientos propios, bajo supervisión del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El texto también establece lineamientos administrativos y financieros. El artículo 5 instruye al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignar el presupuesto necesario para el proceso electoral a través del Tesoro General de la Nación (TGN).
En sus disposiciones finales, el proyecto de ley autoriza al OEP a realizar contrataciones directas de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la organización del proceso electoral, con el fin de cumplir los plazos establecidos. Estas contrataciones deberán regirse bajo los principios de legalidad, control posterior, publicidad y paridad.
El proyecto fue remitido a la ALP para su tratamiento en comisiones antes de su debate en el pleno. El TSE recordó que el régimen transitorio será aplicado únicamente para las elecciones de 2026, mientras las entidades territoriales avanzan en la consolidación de sus autonomías.
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