
La diputada Luciana Campero informó que un juzgado negó un recurso presentado para anular órdenes de aprehensión contra el expresidente, argumentando que el caso debe resolverse en la justicia ordinaria.
La Paz, 9 de octubre de 2025 — La justicia ordinaria de Tarija rechazó una nueva acción de libertad presentada por la defensa del expresidente Evo Morales, que buscaba anular las órdenes de aprehensión emitidas en su contra dentro de un proceso por trata de personas agravada. La información fue confirmada este jueves por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero.
El recurso fue presentado el 3 de octubre por el abogado Óscar Mario Peña Mansilla, representante legal de Morales. El argumento central señalaba que el exmandatario, por su condición de indígena, debía someterse a la jurisdicción de la justicia indígena originaria campesina.
“Después de la denuncia que se hizo la anterior semana, los jueces rechazaron la acción de libertad”, afirmó Campero al referirse a la resolución judicial. Explicó que el fallo se sustenta en la normativa penal boliviana, que establece que delitos como trata y tráfico de personas, violación, estupro, asesinato y feminicidio deben ser procesados exclusivamente en la justicia ordinaria, independientemente del origen cultural o étnico del acusado.
La legisladora señaló además que continúan vigentes tres órdenes de aprehensión contra Morales dentro de este caso, que investiga una presunta relación con una menor registrada en 2015.
Tres días antes, el senador del ala evista del MAS, Leonardo Loza, había solicitado públicamente la anulación de la orden de aprehensión contra Morales, planteando que el caso debía resolverse mediante la justicia indígena. Además, afirmó que el proceso tendría motivación política debido a que “no existe un denunciante activo”.
En este caso, Cindy Sarai V., señalada como la presunta víctima, obtuvo refugio diplomático en Argentina junto a su hija menor y su madre, otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de ese país desde finales de agosto pasado.
Evo Morales permanece en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, desde donde dirige actividades políticas y evita presentarse ante la justicia ordinaria en Tarija, instancia a cargo de la investigación. El Ministerio Público no se ha pronunciado oficialmente sobre esta última resolución judicial.