El caso fue asignado a un investigador y comienza la etapa de notificación a los denunciados; la acción penal incluye acusaciones por instigación pública a delinquir y delitos contra la seguridad del transporte.
La Paz, 21 de julio de 2026 .— La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal presentada contra dirigentes sindicales, políticos y sociales por los bloqueos que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio de este año. Según informó el abogado denunciante, el caso ya fue asignado a un investigador y se inició el proceso de notificación a los implicados, quienes enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y delitos contra la seguridad del transporte.
La denuncia fue presentada por el diputado Edgar Zegarra y está dirigida contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el senador Nilton Condori; el dirigente del ala evista Feliciano Vegamonte; el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, además de otras personas presuntamente vinculadas a la organización de los bloqueos registrados entre mayo y junio.
El abogado William Sánchez informó este martes que la Fiscalía admitió la denuncia y dio inicio a la investigación formal. Según explicó, el expediente ya fue sorteado a un investigador y actualmente se desarrolla la etapa de notificación a los denunciados, paso previo al avance de las diligencias correspondientes.
La acción penal atribuye a los investigados los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y delitos contra la seguridad del transporte, tipificaciones que deberán ser evaluadas durante el desarrollo del proceso conforme a las actuaciones del Ministerio Público.
Sánchez sostuvo que la denuncia busca establecer responsabilidades por las medidas de presión que, según el denunciante, afectaron el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la circulación en distintas regiones del país. En ese contexto, argumentó que «el pueblo paceño no puede ser nuevamente cercado ni secuestrado» y señaló que, en medio de la actual situación económica, este tipo de conflictos perjudica a la población que depende de sus actividades diarias para generar ingresos.
Los bloqueos, que se prolongaron durante 53 días, provocaron interrupciones en el transporte, dificultades para el abastecimiento de productos y afectaciones a diversos sectores económicos, en un contexto de alta tensión política y social. La investigación recién inicia y permitirá al Ministerio Público recabar elementos para determinar si corresponde avanzar con una imputación formal o adoptar otras decisiones procesales.
Con la admisión de la denuncia, el caso entra en su fase inicial de investigación bajo la dirección de la Fiscalía de La Paz. En las próximas semanas se prevé la notificación de los denunciados y la recopilación de elementos de prueba, mientras las autoridades deberán determinar si existen fundamentos suficientes para sustentar las acusaciones presentadas. Entretanto, los investigados mantienen el derecho a ejercer su defensa dentro del debido proceso.
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