El Gobierno nacional firmó el contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros, lado tierra, del aeropuerto Joya Andina de Uyuni por una inversión de más de Bs 54,4 millones. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que el proyecto fue adjudicado a la Asociación Accidental CBI y fortalecerá la infraestructura aeroportuaria del departamento de Potosí.
La terminal abarcará más de 2.000 metros cuadrados e incluirá una torre de control, bloque eléctrico, edificio de seguridad y salvamento, casetas de control, parqueo vehicular, iluminación exterior y sistemas contra incendios. Se incorporará tecnología de ahorro de energía y agua, en un plazo de ejecución de un año y 11 meses.
Actualmente está en curso la licitación para la supervisión de la obra, con un presupuesto de más de Bs 4,5 millones. Con esta nueva etapa, el Gobierno supera los Bs 100 millones de inversión en el aeropuerto Joya Andina, consolidando el desarrollo regional y turístico de Uyuni.
Este lunes, en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce, el ministro de Economía Marcelo Montenegro y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo para un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico para la gestión 2025. La medida busca hacer frente a la inflación y al aumento de los precios de la canasta familiar sin comprometer el equilibrio económico.
La COB había solicitado un aumento del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico, alegando que la inflación de 9,97% en 2024 y el aumento del 15,4% en los precios de la canasta básica afectaban gravemente a los trabajadores. Por su parte, los empresarios habían propuesto congelar el incremento salarial, argumentando que esto podría profundizar la crisis económica y generar más desempleo.
El dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, destacó que, en las negociaciones, se consideraron factores como el impacto del contrabando y la necesidad de proteger a los trabajadores frente a la subida del costo de vida. Según un estudio de Ipsos CIESMORI, la mayoría de la población (53%) considera que la prioridad del Gobierno debe ser la creación de empleo, mientras que solo un 20% ve como esencial el aumento salarial. El presidente Arce anunciará oficialmente el acuerdo el 1 de mayo en Tarija.
Dirigentes del movimiento Evo Pueblo anunciaron que el 16 de mayo realizarán una masiva marcha desde El Alto exigiendo al Tribunal Supremo Electoral la inscripción de Evo Morales como candidato presidencial pese a los cuestionamientos legales en su contra. La movilización incluirá un resguardo especial para Morales y culminará con una vigilia permanente en puertas del TSE presionando por su habilitación.
Pedro Llanque dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) indicó que esperan movilizar a más de 100.000 personas de organizaciones sociales y sectores afines a Morales. A pesar de la orden de aprehensión pendiente el dirigente aseguró que Morales irá protegido en el centro de la marcha evitando cualquier acción judicial en su contra.
Los movilizados advirtieron que permanecerán en vigilia hasta que el TSE habilite a Morales cuyo futuro político es incierto ante múltiples cuestionamientos de legalidad. Aunque el movimiento Evo Pueblo defiende su candidatura aún no se conoce qué partido político se arriesgará a respaldarlo debido al temor a sanciones y procesos judiciales.
A cuatro meses de las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto, el escenario político comienza a calentarse con fuerza. En este contexto, un total de 41 organizaciones sociales de todo el país han proclamado oficialmente al actual presidente, Luis Arce, como su candidato para los próximos comicios nacionales.
Este respaldo masivo, que incluye a sectores estratégicos como la Confederación de Interculturales, la Central Obrera Regional de Santa Cruz, el Movimiento Sin Tierra y diversas federaciones campesinas, sindicales y urbanas, posiciona a Arce como una de las figuras más sólidas de cara a la contienda electoral.
El respaldo territorial y multisectorial incluye organizaciones de todos los departamentos, entre ellas Amdebeni, el Pacto de Unidad del Beni, la Asociación de Municipios de Tarija, Agamdepaz, Cofecay, y la Asociación de Municipalidades de Pando. También se suman federaciones de mujeres, juventudes, productores agropecuarios, trabajadores del magisterio y comunidades indígenas, consolidando una base social diversa que apunta a la continuidad del proyecto político que encabeza el actual mandatario.
El Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) ha anunciado la realización de su congreso nacional en los primeros días de mayo, instancia en la que se definirá de forma oficial al candidato presidencial.
La inscripción de postulaciones ante el órgano electoral fenece el próximo 18 de mayo, por lo que se prevé que en las próximas semanas se intensifiquen las proclamaciones, alianzas y definiciones estratégicas entre las distintas siglas políticas del país. Mientras tanto, el nombre de Luis Arce ya resuena con fuerza en el MAS IPSP.
Más de 40 organizaciones proclaman a Luis Arce como candidato a la presidencia para las elecciones generales de 2025
El presidente Luis Arce ha sido proclamado como candidato por más de 40 organizaciones sociales, sindicales, campesinas y municipales de todo el país, para las elecciones generales de agosto de 2025. Esta proclamación se ha llevado a cabo en amplios congresos, ampliados y actos públicos, consolidando a Arce como el principal aspirante del Movimiento al Socialismo (MAS) para los próximos comicios.
Las organizaciones que han expresado su respaldo destacan el liderazgo de Arce como “arquitecto de la industrialización” y su firme compromiso con el proceso de cambio, la defensa de los recursos naturales y la profundización de la industrialización nacional. Agradecido por el apoyo recibido, el presidente Arce ha señalado que las elecciones de 2025 representarán una confrontación entre el modelo neoliberal y el proyecto de industrialización y justicia social propuesto por el MAS.
Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia
Federación Sindical de Trabajadores DATACOM de Cochabamba
Federación de Mujeres Juana Azurduy
Dirección Departamental del MAS-IPSP de La Paz
Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios Cordillera y El Chaco
Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios del Norte
Federación de Comunidades Interculturales de Concepción
Federación de Comunidades Interculturales de Concepción Chiquitanía Norte (FCICCHN)
Central Sindical de Comunidades Productores Agropecuarios Central 9
Federación Sindical de Comunidades Interculturales Agroganaderas Regional Guarayos
Sindicato de Trabajadores Municipales Santa Cruz
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
Organización Juana Azurduy de Padilla Santa Cruz
Magisterio Único Departamental de Santa Cruz
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos – Regional Provincia Ichilo (FSUTC – RPI)
Comunidad Indígena Chiquitana Nuestra Señora Aparecida
Central Obrera Regional de Camiri
Federación Nacional de Trabajadores Petroleros
Central Obrera Departamental (COD) de Beni
Pacto de Unidad Regional Riberalta
Presidente MAS – IPSP de Pando
Estas proclamaciones se suman a otras expresiones de apoyo de organizaciones sociales afines al MAS, consolidando a Luis Arce como el principal candidato del oficialismo. A pesar de las divisiones internas y la aparición de candidaturas alternativas, Arce se perfila como el favorito para representar al MAS en las elecciones del 17 de agosto de 2025.
La noche de este jueves, tras un extenso y prologado diálogo que incluyó la participación del presidente Luis Arce, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) llegaron a un acuerdo. Como resultado, los cooperativistas decidieron levantar el bloqueo que mantenían en puntos clave de La Paz y comenzaron a replegarse hacia sus centros de trabajo. El ministro de Minería, Alejandro Santos, informó que se dio respuesta a todas las demandas planteadas por el sector.
El diálogo, que se extendió hasta pasadas las 23h30, contó con avances significativos en las 19 demandas presentadas por los movilizados desde el martes. El presidente Arce se sumó a la mesa de negociación en horas de la tarde, cuando ya se habían logrado avances importantes. Si bien no se revelaron detalles específicos sobre los términos del acuerdo, Santos destacó la disposición del Gobierno para seguir los procedimientos legales en temas clave como nuevos contratos mineros y la provisión de combustible y explosivos.
Concluida la jornada de negociaciones, el dirigente de Fencomin, Richard Caricari, expresó su confianza en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y confirmó el inicio del repliegue de sus bases. Las demandas incluyeron temas como el pago en dólares por los minerales, la entrega de mayores áreas de trabajo, un espacio en el directorio de la Gestora, y la renuncia de algunas autoridades de Estado. Los ministros de Defensa, Salud, Hidrocarburos y Medio Ambiente, entre otros, también estuvieron presentes en las negociaciones.
La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (FEICOMIN) ha vuelto a poner sobre la mesa una de las demandas más controversiales del sector: el levantamiento de la Reserva Fiscal sobre el Salar de Uyuni, establecida por la Ley Nº 2564 en 2003. Con esta solicitud presentada al Gobierno, los mineros buscan poder explorar y explotar los recursos de esta zona protegida, considerada uno de los ecosistemas más emblemáticos y vulnerables de Bolivia.
El Salar de Uyuni, un vasto territorio que abarca más de 2 millones de hectáreas, fue declarado Reserva Fiscal para proteger su inestimable valor natural y los recursos evaporíticos, cruciales para la industria del litio. Esta ley, impulsada hace más de dos décadas, impide las concesiones mineras privadas y cooperativas en el área, y tiene como objetivo evitar la sobreexplotación y la degradación del medio ambiente. Además, la legislación ordenó la revisión de los derechos mineros otorgados previamente en la zona, algo que fue visto como una medida necesaria para preservar la biodiversidad y los recursos hídricos.
Sin embargo, la solicitud de FEICOMIN ha generado una gran controversia, especialmente entre grupos ambientalistas y comunidades indígenas. En 2023, durante una marcha en La Paz, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) expresó su preocupación sobre el impacto de estas demandas. Ruth Alípaz, una de sus voceras, declaró: “Resulta paradójico que pidan seguridad jurídica, mientras vulneran la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas. Los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las Áreas Protegidas y la Madre Tierra.”
Este reclamo también refleja una creciente inquietud entre la población sobre los efectos nocivos de la minería en el medio ambiente. En particular, el temor a la contaminación de fuentes de agua dulce y la destrucción de vastos territorios es un tema recurrente. Para muchos bolivianos, la actividad minera representa un beneficio para unos pocos, mientras que las comunidades y el ecosistema se ven gravemente afectados. Según denuncias, los mineros apenas contribuyen al país, con solo un 3% de las ganancias obtenidas en la explotación minera, mientras el daño ecológico es de gran magnitud.Mientras algunos defienden el acceso a estos recursos como una necesidad para el desarrollo económico y la generación de empleo, otros alertan sobre los peligros de sacrificar la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de Bolivia. Con la presión sobre el Gobierno para que se tomen decisiones que equilibren estos intereses, el futuro del Salar de Uyuni sigue siendo incierto.
El Gobierno nacional, a través del ministro de Minería y Metalurgia Alejandro Santos, convocó a la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) a una reunión este miércoles al mediodía en instalaciones de YPFB, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y atender los 17 puntos del pliego de demandas presentado por los mineros movilizados en la ciudad de La Paz.
La autoridad explicó que una de las principales preocupaciones del sector es el suministro de material explosivo sin incremento de precios. En ese marco, aclaró que la propuesta de nueva escala de precios presentada por la empresa comercializadora aún no es oficial y será abordada de manera técnica durante el encuentro. “Los esperamos compañeros ejecutivos a las 12:00 en punto para abordar los temas pendientes que tenemos”, expresó Santos.
El ministro destacó que en la cita estarán presentes todos los ministros cuyas carteras están vinculadas con los temas planteados por el sector cooperativista. “Tenemos la instrucción de atender las necesidades del sector minero y estamos abiertos al diálogo franco y directo”, remarcó, subrayando la disposición del Gobierno para encontrar soluciones conjuntas que beneficien a los trabajadores del rubro y al país.
La justicia argentina decidió reabrir el caso por corrupción de menores contra el exmandatario boliviano Evo Morales. La determinación fue asumida por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que dispuso la continuidad de la investigación luego de haberse archivado la denuncia a finales de 2024.
El abogado de la Fundación Apolo, José Lucas Magioncalda, confirmó que la apelación presentada por su equipo permitió revertir la decisión del juez de primera instancia. Ahora, con el reconocimiento como querellantes, podrán ofrecer pruebas y participar activamente en todo el proceso judicial que involucra al exgobernante.
Entre los elementos que presentarán figuran declaraciones de líderes sociales bolivianos y testimonios de funcionarios argentinos que estuvieron cerca de Morales durante su asilo. Además, solicitarán que el expresidente Alberto Fernández y miembros de su gobierno declaren como testigos, ante las denuncias de encubrimiento y manejo irregular de información mientras Morales permanecía en territorio argentino.
Las reservas de gas en Bolivia “ya no están en caída libre” y comienzan a reponerse gracias al Plan de Reactivación del Upstream (PRU) impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Así lo destacó este martes el ministro de Hidrocarburos y Energías Alejandro Gallardo durante un conversatorio realizado en Santa Cruz donde participaron expertos nacionales e internacionales.
Gallardo afirmó que, pese al consumo sostenido de combustible, las reservas incrementaron en el último periodo, lo que evidencia una reposición positiva. “Estamos poco a poco recuperando nuestras reservas y con ello garantizando el desarrollo de la producción y la seguridad energética del país”, sostuvo, subrayando los avances del plan que refuerza la soberanía hidrocarburífera.
La autoridad recordó que, entre 2022 y 2023, YPFB logró adicionar 0,5 TCF a las reservas de gas, y que proyectos como Mayaya X-1, con un potencial de hasta 6 TCF, permitirán al país consolidar su liderazgo energético en la región. Se prevé que este megacampo inicie operaciones en 2028, aportando significativamente a la producción nacional.
