La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (FEICOMIN) ha vuelto a poner sobre la mesa una de las demandas más controversiales del sector: el levantamiento de la Reserva Fiscal sobre el Salar de Uyuni, establecida por la Ley Nº 2564 en 2003. Con esta solicitud presentada al Gobierno, los mineros buscan poder explorar y explotar los recursos de esta zona protegida, considerada uno de los ecosistemas más emblemáticos y vulnerables de Bolivia.
El Salar de Uyuni, un vasto territorio que abarca más de 2 millones de hectáreas, fue declarado Reserva Fiscal para proteger su inestimable valor natural y los recursos evaporíticos, cruciales para la industria del litio. Esta ley, impulsada hace más de dos décadas, impide las concesiones mineras privadas y cooperativas en el área, y tiene como objetivo evitar la sobreexplotación y la degradación del medio ambiente. Además, la legislación ordenó la revisión de los derechos mineros otorgados previamente en la zona, algo que fue visto como una medida necesaria para preservar la biodiversidad y los recursos hídricos.
Sin embargo, la solicitud de FEICOMIN ha generado una gran controversia, especialmente entre grupos ambientalistas y comunidades indígenas. En 2023, durante una marcha en La Paz, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) expresó su preocupación sobre el impacto de estas demandas. Ruth Alípaz, una de sus voceras, declaró: «Resulta paradójico que pidan seguridad jurídica, mientras vulneran la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas. Los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las Áreas Protegidas y la Madre Tierra.»
Este reclamo también refleja una creciente inquietud entre la población sobre los efectos nocivos de la minería en el medio ambiente. En particular, el temor a la contaminación de fuentes de agua dulce y la destrucción de vastos territorios es un tema recurrente. Para muchos bolivianos, la actividad minera representa un beneficio para unos pocos, mientras que las comunidades y el ecosistema se ven gravemente afectados. Según denuncias, los mineros apenas contribuyen al país, con solo un 3% de las ganancias obtenidas en la explotación minera, mientras el daño ecológico es de gran magnitud.Mientras algunos defienden el acceso a estos recursos como una necesidad para el desarrollo económico y la generación de empleo, otros alertan sobre los peligros de sacrificar la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de Bolivia. Con la presión sobre el Gobierno para que se tomen decisiones que equilibren estos intereses, el futuro del Salar de Uyuni sigue siendo incierto.
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