
En la Gestión de Evo Morales, Bolivia aprobó varias leyes relacionadas con el uso del fuego y el desmonte de tierras, entre ellas la Ley 741, promulgada el 29 de septiembre de 2015. Esta legislación permitió el desmonte de hasta 20 hectáreas de cobertura boscosas en pequeñas propiedades comunitarias o colectivas, con el objetivo declarado de ampliar la producción de alimentos agropecuarios y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país.

La Ley 741, junto con la Ley 740, que amplió la verificación de la Función Económica Social, y la Ley 1098, que facilitó la producción y comercialización de aditivos vegetales para sustituir importaciones y precautelar la seguridad alimentaria y energética, buscó promover la frontera agrícola y la producción de biodiésel. Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido objeto de crítica por parte de la población y grupos ambientalistas.
A pesar de sus intenciones de promover la seguridad alimentaria, estas leyes han sido ampliamente criticadas por su impacto ambiental. La autorización para el desmonte sin planes de ordenamiento predial y la expansión de actividades de chaqueo contribuyeron a incendios forestales devastadores, como los registrados en 2019, que afectaron más de 5,3 millones de hectáreas en la Amazonía y la Chiquitanía.
La controversia en torno a estas leyes ha llevado al Senado a abrogar dos de ellas, en un intento por mitigar los efectos negativos y enfrentar las críticas sobre el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental. La discusión continua sobre el equilibrio entre la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente la necesidad de una revisión crítica y un enfoque más sostenible en la legislación relacionada con el uso del fuego y el desmonte en Bolivia.