La crisis en Bolivia ha alcanzado un punto álgido con 20 días de protestas organizadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes buscan evitar su detención tras la reapertura de un caso por presunto abuso de menores. Los bloqueos, que ya llevan 10 días, han afectado gravemente al comercio, especialmente en la región de Cochabamba, epicentro del conflicto, donde los productores agrícolas ven su mercancía deteriorarse debido a la imposibilidad de trasladarla.
El Gobierno ha respondido a los bloqueos con la intervención de fuerzas policiales, generando tensiones en varias regiones del país. En Santa Cruz, un grupo de choque conocido como la Unión Juvenil Cruceñista participó en el desbloqueo de rutas en coordinación con la policía. Mientras tanto, los manifestantes afines a Morales han sido acusados de portar armas de fuego, lo que ha complicado aún más la situación.
Por su parte, el dirigente campesino Ponciano Santos, cercano a Morales, ha reiterado que los bloqueos responden a la crisis económica y la corrupción en el Gobierno de Luis Arce. Santos afirmó que los campesinos no cederán hasta que se cumplan sus demandas, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro de las movilizaciones.
Simultáneamente, el presidente Arce ha rechazado las protestas que buscan habilitar a Morales como candidato en las elecciones de 2025. Desde su reciente visita a Rusia, donde participó en una reunión del BRICS, Arce afirmó que no permitirá la impunidad para quienes dañan a las niñas. , refiriéndose indirectamente a las acusaciones que pesan sobre Morales.
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