El expresidente Evo Morales enfrenta al menos 20 denuncias relacionadas con presunto abuso de menores y trata de personas, de las cuales solo una sigue activa en la Fiscalía de Tarija. Estas denuncias comenzaron a acumularse desde su renuncia en 2019, sin que la mayoría de los casos lograra avanzar en el sistema judicial. La fiscal Sandra Gutiérrez, a cargo del caso en Tarija, mencionó que Morales ha entorpecido las investigaciones mediante numerosos incidentes legales, lo que ha impedido tomar declaración a la presunta víctima, cuyo paradero se desconoce.
Este proceso judicial, que comenzó el 26 de septiembre, se sustenta en un informe de inteligencia que indica que Morales habría cometido delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija en 2015. La joven habría pertenecido a un grupo juvenil creado para apoyar al entonces presidente. Además de este caso en Tarija, la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, ha anunciado la formalización de otras denuncias, acumulando evidencias sobre abusos similares.
Diversas voces de la sociedad civil y el ámbito político han expresado preocupación por la aparente falta de avance en estos casos. La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que el Gobierno ha frenado las investigaciones como parte de una negociación con el entorno de Morales. La jurista Jéssica Echeverría, por su parte, advirtió que el caso parece estar marcado por la politización, cuestionando la actuación de la Fiscalía y su compromiso con la imparcialidad en esta causa de alto perfil.
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