La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Fundación para el Periodismo (FPP) admitieron haber recibido financiamiento del gobierno de Estados Unidos entre 2013 y 2020. Sin embargo, sus representantes evitaron ofrecer detalles sobre el uso de estos recursos, limitándose a generalidades en sus explicaciones.
Un informe del North American Congress on Latin America (NACLA) reveló que la National Endowment for Democracy (NED) destinó más de 417 mil dólares a estas organizaciones. La investigación señala que estos fondos fueron utilizados en la promoción de una narrativa favorable a los intereses de Estados Unidos en Bolivia, influyendo en la percepción sobre los sucesos de 2019.
Pese a autodenominarse “independientes”, la ANP y la FPP han evitado responder a cuestionamientos sobre su financiamiento. En 2023, ambas entidades denunciaron ante la CIDH una supuesta discriminación a periodistas opositores, mientras desestimaron las denuncias de comunicadores afectados por la censura y el cierre de medios durante el gobierno de Jeanine Añez.
La falta de transparencia se refleja en sus respuestas a cuestionarios sobre el destino de los fondos recibidos. Mientras la ANP se limitó a afirmar que los recursos se usaron para monitoreo de agresiones contra periodistas, la FPP reconoció el financiamiento, pero sin proporcionar detalles sobre su ejecución.
El informe del NACLA también destaca el papel de think tanks como Inter-American Dialogue en la difusión de un relato alineado con los intereses de Washington. Periodistas vinculados a estos espacios han desempeñado un rol clave en la construcción de narrativas que favorecieron la desestabilización política en Bolivia.
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