Los organismos internacionales expresaron su preocupación por decisiones judiciales que anularon procesos contra policías y militares vinculados a los hechos de 2019.
La Paz, 12 de septiembre de 2025. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur advirtieron que las recientes anulaciones de procesos judiciales relacionados con las masacres de Senkata y Sacaba podrían generar impunidad y afectar el acceso a la justicia de las víctimas.
En un comunicado conjunto, ambas entidades señalaron que la nulidad de los procesos “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. La observación se refiere a las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la incompetencia en materia y dispusieron la anulación de los expedientes.
La preocupación se incrementó luego de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz confirmara, el 9 de septiembre, la Resolución 211/2025 que ratifica la nulidad dispuesta en el caso de Senkata.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia también expresó inquietud sobre estas determinaciones, señalando que podrían vulnerar el derecho de las víctimas a un acceso a la justicia pronta y oportuna.
La CIDH y la ONU recordaron que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, y que el incumplimiento de estos compromisos puede suponer una revictimización. Además, remarcaron que las decisiones judiciales constituyen un obstáculo para la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y del informe elaborado por la misión de ONU Derechos Humanos en 2020.
El informe del GIEI, presentado en 2021, documentó al menos 20 personas fallecidas y decenas de heridas por el uso excesivo de la fuerza en los operativos de 2019. Tanto el GIEI como la ONU recomendaron la realización de investigaciones independientes, imparciales y efectivas, además de la reparación integral para las víctimas y sus familias.
Finalmente, los organismos internacionales instaron a las instituciones bolivianas a garantizar que las anulaciones judiciales no se traduzcan en demoras que favorezcan la impunidad, y a adoptar medidas que aseguren verdad, justicia y reparación en los casos de Senkata y Sacaba.
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