Ricardo Condori recordó los informes internacionales que califican los hechos de 2019 como masacres y precisó que aún existen recursos pendientes en la vía ordinaria.
Sucre, 24 de septiembre de 2025. – El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió este miércoles sobre el riesgo de impunidad en el caso Sacaba y recordó que el proceso penal contra Jeanine Áñez continúa abierto en la justicia ordinaria.
Condori señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó los hechos de Sacaba y Senkata como masacres y que, en la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendaron revisar las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora.
“La CIDH y la ONU se han pronunciado para que no se deje en impunidad y que se pueda revisar de alguna manera las decisiones que hoy son objeto de observación”, indicó en conferencia de prensa.
El procurador explicó que, mientras no exista una resolución que habilite un juicio de responsabilidades, corresponde avanzar por la vía ordinaria. Informó que el Ministerio Público presentó una apelación y que la defensa de Áñez activó un recurso de revisión extraordinaria, cuya respuesta está pendiente en el Órgano Judicial.
Condori reiteró que aún existen recursos ordinarios y constitucionales por resolver, lo que mantiene en curso el proceso penal por los hechos de noviembre de 2019.
Antecedentes
El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron una movilización de cocaleros en el puente de Huayllani, en Sacaba, Cochabamba, donde murieron 10 personas y más de un centenar resultaron heridas.
El 19 de noviembre del mismo año, en Senkata, El Alto, otra operación policial y militar dejó 10 fallecidos y decenas de heridos.
En agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó un informe que calificó ambos hechos como masacres y recomendó procesos judiciales imparciales y efectivos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
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