La Paz, 28 de noviembre, 2025.- Tras la intervención a las oficinas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en La Paz, gremiales y microempresarios solicitaron que las pesquisas por presuntas irregularidades se extiendan a nivel nacional. El Ministerio Público ejecutó operativos y secuestró documentos vinculados a convenios de provisión de harina firmados en 2024.
El jueves, el Ministerio Público ingresó a las instalaciones de Emapa en la sede de gobierno y colectó documentación relacionada con dos convenios suscritos en 2024 entre el entonces gerente de la estatal, Franklin Flores, y el dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol), Rubén Ríos. Según la investigación, estos acuerdos habrían generado un presunto daño económico al Estado calculado en 6,2 millones de bolivianos.
Dirigentes gremiales de Santa Cruz sostuvieron que las indagaciones deben abarcar todas las regionales de la empresa. Edgar Álvarez, representante del sector, señaló que organizaciones gremiales habían presentado denuncias previas sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la institución.
Pequeños y medianos productores también pidieron una reestructuración de Emapa. Juan Carlos Vargas, uno de los representantes, afirmó que su sector no logró incorporar su producción en la red de supermercados de la estatal y que esto derivó en una situación que calificó como perjudicial para su actividad. Solicitó que la intervención anunciada se amplíe a nivel nacional.
En paralelo, este jueves se emitió una orden de aprehensión contra Franklin Flores, luego de que no fuera encontrado en el domicilio donde debía cumplir detención domiciliaria por otro proceso abierto. En ese caso se investigan presuntos actos de corrupción vinculados a la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto.
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