La Asociación de Avícolas de Tarija informó que, a partir de mañana, el precio oficial del pollo bajará a Bs 21 para su distribución, garantizando su comercialización en los mercados a Bs 22. Esta medida busca aliviar el costo para los consumidores y estabilizar el abastecimiento en la región.

Asimismo, instaron a la población a denunciar cualquier sobreprecio ante el Viceministerio de Defensa al Consumidor, asegurando el cumplimiento de esta determinación. Con este ajuste, se busca evitar especulación y brindar mayor accesibilidad a este producto esencial en la canasta familiar.

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, denunció que los comercializadores al detalle de carne de res estarían obteniendo una “ganancia abusiva” de hasta Bs 12 por kilo, lo que afecta directamente a la economía de la población. Ante esta situación, convocó a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) a una reunión este viernes 4 de abril para analizar la problemática y exigir explicaciones sobre la estabilidad de los precios.

Silva cuestionó que, pese a la reducción del precio del kilo gancho de carne de res de más de Bs 40 a Bs 34,50 en el mercado nacional, los precios al consumidor final no hayan bajado en la misma proporción. “Necesitamos saber cuál es el respaldo técnico que tiene el sector para justificar que el precio siga elevado”, enfatizó en contacto con Bolivia Tv.

El Gobierno ha impulsado esfuerzos junto al sector privado para reducir el costo de la carne en beneficio de la población. Con el actual precio del kilo en gancho, el kilo de carne molida de segunda debería costar entre Bs 42 y Bs 43, sin embargo, en algunos mercados aún se encuentra entre Bs 48 y Bs 50. Las autoridades exigen transparencia en la comercialización y advierten que se tomarán medidas si persisten los sobreprecios.

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) proyecta expandir su presencia en nuevos puertos con el fin de fortalecer el comercio internacional del país. En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2025, el gerente ejecutivo, Daniel Villarroel, destacó que esta iniciativa responde a la política del Gobierno nacional de fomento a la producción e industrialización para potenciar la economía.

En ese marco, la ASP-B gestiona su presencia en el puerto chileno de Iquique, así como en otros puertos estratégicos, para garantizar mejores condiciones a los operadores de comercio exterior. Además, se proyecta el inicio de operaciones en puerto Busch, consolidando una salida soberana al océano Atlántico a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en coordinación con países socios de la región.

Asimismo, la ASP-B trabaja en fortalecer su relación con cámaras empresariales para atender las necesidades del sector y mejorar sus servicios. Villarroel enfatizó que la diversificación de puertos permitirá dinamizar la economía nacional y optimizar la logística para exportadores e importadores bolivianos.

En sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Autonomías declaró como prioridad nacional la atención inmediata y coordinada de los desastres causados por las lluvias, las más devastadoras en 40 años. Se conformarán comisiones especializadas para la reconstrucción de viviendas, infraestructura y producción agrícola, además de gestionar el refinanciamiento de créditos afectados por la crisis climática.

El Gobierno, alcaldías y gobernaciones sumarán esfuerzos para mitigar los daños, pero advirtieron que los recursos locales son insuficientes. En ese sentido, instaron a la Asamblea Legislativa a aprobar créditos esenciales para enfrentar la emergencia y cuestionaron la falta de compromiso de algunos legisladores que minimizan la gravedad de la situación.

Asimismo, el Consejo solicitó un pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre la crisis, enfatizando la urgencia de respuestas concretas para las familias damnificadas. Las autoridades reiteraron su compromiso con una respuesta efectiva y articulada para la reconstrucción del país.

El presidente Luis Arce encabezó este lunes la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autonomías en la Casa Grande del Pueblo para evaluar medidas urgentes frente a los desastres naturales que afectan a diversas regiones del país. En su intervención, advirtió que el bloqueo legislativo impacta en la respuesta ante la emergencia y pone en riesgo el rescate de personas damnificadas.

Autoridades municipales y departamentales expusieron la grave situación en sus regiones. La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, informó que la ciudad se declaró en desastre con más de 20 barrios inundados y 5.600 personas afectadas. El gobernador de Oruro, Johnny Vedia, señaló que se presentará un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para mitigar los daños.

Según datos oficiales, las intensas lluvias han golpeado a 209 municipios, dejando 51 fallecidos, 8 desaparecidos y afectando a más de 378.000 familias. Además, 64.000 hectáreas de cultivos y 352.628 cabezas de ganado han sido perjudicadas. El gobierno reafirma su compromiso de atender esta crisis con acciones inmediatas y coordinadas.

El Complejo Siderúrgico del Mutún revolucionará el mercado del acero en Bolivia al ofrecer la tonelada de barras corrugadas a menos de $us 1.200, lo que permitirá reducir costos en la construcción y competir con los productos importados, informó el gerente Jorge Alvarado.

Con una inversión de $us 546 millones, esta obra del Bicentenario fue inaugurada en Puerto Suárez y cuenta con siete plantas industriales para la producción de acero. Su capacidad de 200.000 toneladas anuales reducirá en casi 50% la importación de este material, fortaleciendo la industria nacional.

Alvarado señaló que este avance afecta intereses económicos de importadores que especulan con los precios y rechazó las críticas de la oposición, asegurando que el Mutún marca el inicio de la soberanía industrial en Bolivia.

El fotoperiodista Álvaro V. fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses, acusado de homicidio-suicidio de la periodista Nadia A., quien se quitó la vida tras haber denunciado una agresión sexual. La familia de la víctima denunció que la Policía y la Fiscalía obstaculizaron la investigación, permitiendo la impunidad del agresor.

El ministro de Justicia, César Siles, anunció una investigación contra las autoridades que no actuaron oportunamente en este caso. “Si se podía evitar la muerte de la víctima y no se hizo, hubo personas que no cumplieron su tarea y serán procesadas”, afirmó. Además, el Sepdavi tomó conocimiento de la denuncia para garantizar justicia.

Gremios periodísticos y la sociedad exigieron sanciones ejemplares para los responsables de la revictimización y la retardación de justicia. El Gobierno ratificó su compromiso con la lucha contra la impunidad y advirtió que no tolerará el incumplimiento de deberes en casos de violencia de género.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Fundación para el Periodismo (FPP) admitieron haber recibido financiamiento del gobierno de Estados Unidos entre 2013 y 2020. Sin embargo, sus representantes evitaron ofrecer detalles sobre el uso de estos recursos, limitándose a generalidades en sus explicaciones.

Un informe del North American Congress on Latin America (NACLA) reveló que la National Endowment for Democracy (NED) destinó más de 417 mil dólares a estas organizaciones. La investigación señala que estos fondos fueron utilizados en la promoción de una narrativa favorable a los intereses de Estados Unidos en Bolivia, influyendo en la percepción sobre los sucesos de 2019.

Pese a autodenominarse “independientes”, la ANP y la FPP han evitado responder a cuestionamientos sobre su financiamiento. En 2023, ambas entidades denunciaron ante la CIDH una supuesta discriminación a periodistas opositores, mientras desestimaron las denuncias de comunicadores afectados por la censura y el cierre de medios durante el gobierno de Jeanine Añez.

La falta de transparencia se refleja en sus respuestas a cuestionarios sobre el destino de los fondos recibidos. Mientras la ANP se limitó a afirmar que los recursos se usaron para monitoreo de agresiones contra periodistas, la FPP reconoció el financiamiento, pero sin proporcionar detalles sobre su ejecución.

El informe del NACLA también destaca el papel de think tanks como Inter-American Dialogue en la difusión de un relato alineado con los intereses de Washington. Periodistas vinculados a estos espacios han desempeñado un rol clave en la construcción de narrativas que favorecieron la desestabilización política en Bolivia.

La emisora Kawsachun Coca, vinculada a Evo Morales, aseguró que la transmisión del Congreso del Frente Para la Victoria (FPV) en Villa Tunari superó en espectadores en Facebook a la del Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz.

Según los datos difundidos por Kawsachun Coca, la transmisión del evento del FPV alcanzó 3.015 vistas, mientras que el evento oficialista en el Chuquiago Marka solo habría registrado 345.

Datos en disputa y acusaciones de desinformación

Luego de una verificación en ambas plataformas de Facebook, se desmintió esta versión y se afirmó que la transmisión del Congreso del MAS-IPSP tuvo un alcance mayor en la plataforma. Los datos oficiales indicaron que el evento en La Paz registró 5.795 espectadores, superando ampliamente las cifras mencionadas por Kawsachun Coca, que nuevamente cae en la desinformación para intentar favorecer a su líder, Evo Morales.

El evento en Villa Tunari proclamó a Evo como candidato por el FPV, a pesar de la inhabilitación que pesa en su contra, mientras que el congreso realizado en La Paz, tuvo el objetivo de refundar al partido político MAS IPSP y renovar sus estatutos orgánicos con miras a las próximas elecciones.