La Procuraduría General del Estado recordó este lunes que sigue en vigor el fallo judicial que califica los bloqueos como un atentado a los derechos constitucionales. Según la Resolución Constitucional 040/2024, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 16 de febrero de 2024, los bloqueos vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, el libre tránsito, la alimentación y el trabajo de la población boliviana. El fallo es vinculante y de cumplimiento obligatorio, por lo que se requiere la intervención estatal para restablecer el orden.
La reciente convocatoria de Evo Morales a una marcha desde Caracollo a La Paz el 17 de septiembre y el bloqueo anunciado por David Mamani en el departamento de La Paz a partir del 16 de septiembre han generado preocupación. Estos eventos buscan presionar por la habilitación de Morales para las elecciones presidenciales de 2025 y exigir la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.
La Procuraduría advirtió que estas medidas de protesta ponen en grave riesgo la distribución de alimentos, la salud de los ciudadanos y la libre circulación de personas y bienes. La justicia constitucional ha señalado que el Estado debe intervenir cuando las protestas son desproporcionadas y afectan el bien común. El Ministerio de Gobierno ha sido exhortado a activar los mecanismos legales necesarios para proteger los derechos vulnerados, mientras se garantiza el derecho a la protesta pacífica.
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