La situación se tornó crítica cuando una periodista del medio privado DTV confrontó directamente a Morales durante una conferencia de prensa, exigiendo respuestas sobre los ataques sufridos por su equipo por parte de marchistas afines al exmandatario. En lugar de abordar las acusaciones, Morales desestimó los incidentes y se limitó a decir que los reporteros “entran” en el espacio protegido por sus asistentes para realizar entrevistas.
Las preguntas sobre la agresión a la periodista Irene Torrez de Cadena A (Oruro) y otros casos de violencia no encontraron respuesta clara, y Morales insinuó que los agredidos podrían ser “funcionarios del Viceministerio de Comunicación”. Esta afirmación, considerada por la ANP como un acto de agresión verbal, se inscribe en un discurso estigmatizante que busca desacreditar a las víctimas y silenciar a la prensa.
La ANP ha expresado su preocupación por el creciente de hostigamiento y agresiones hacia los periodistas en el de movilizaciones políticas, reafirmando la importancia de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en un entorno democrático. La organización hace un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores de la prensa en el ejercicio de su labor
Durante la marcha encabezada por el expresidente Evo Morales, la violencia hacia los medios de comunicación se intensificó. Desde el inicio de la movilización, el 17 de septiembre, se registraron múltiples agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa. Un ataque destacado fue el que sufrió el vehículo del equipo de DTV, donde el conductor y el periodista Edmundo Gutiérrez fueron golpeados con chicotazos por simpatizantes de Morales, quienes además despojaron al vehículo de su logotipo identificativo.
El 19 de septiembre, Alejandra Aro, enviada de DTV, denunció haber sido empujada y echada de la cobertura informativa. La situación se agravó el 20 de septiembre, cuando varios periodistas, tanto de medios privados como independientes, fueron hostigados en Ayo Ayo. Durante estos incidentes, un funcionario del gobierno también fue agredido al intentar entregar una invitación para un diálogo entre Evo Morales y el presidente Luis Arce.
Ante esta alarmante escalada de violencia, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) emitieron un comunicado conjunto. En él, exigen al gobierno cumplir con su obligación constitucional de proteger las libertades de expresión y prensa.
El documento también señala que los sectores movilizados deben abstenerse de cometer actos que violen los derechos a la información y la comunicación. Asimismo, las organizaciones periodísticas recordaron la responsabilidad de los medios de comunicación en garantizar la seguridad de su personal en situaciones de riesgo, así como la importancia de que la ciudadanía reconozca la labor periodística como un pilar fundamental de la democracia.
Las organizaciones instaron a los periodistas a mantener criterios de pluralismo, profesionalismo y ética, y a evaluar las condiciones en las que realizan su trabajo, que el derecho a la información es una atribución de toda la sociedad en un marco democrático.
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