La solicitud formal de extradición del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Maximiliano Dávila, presentada hace más de una semana por el fiscal General del Estado, Róger Mariaca, aún no ha recibido respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El pedido, que busca la entrega de Dávila a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos por narcotráfico, permanece estancado. La Fiscalía General argumenta que el exjefe antidroga está acusado de formar parte de una red criminal dedicada a la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, específicamente cinco kilogramos o más de la droga hacia Estados Unidos. Según documentos exclusivos a los que tuvo acceso El Deber, las pruebas presentadas por las autoridades de EE.UU. señalan que Dávila formaría parte de una organización que operaba bajo la estructura de la delincuencia organizada transnacional, en virtud de lo cual el país norteamericano invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
El fiscal Mariaca destacó la gravedad de los cargos y expresó su firme compromiso con la lucha contra el narcotráfico. “Si esta persona está siendo procesada por hechos de narcotráfico en Estados Unidos, es nuestro deber responder positivamente a la solicitud de extradición”, aseveró. Sin embargo, hasta la fecha, el presidente del TSJ, Marco Jaimes, no ha respondido a los intentos de comunicación de El Deber ni a las peticiones oficiales de la Fiscalía.
Por su parte, la defensa de Dávila ha señalado que aún no han sido notificados por el TSJ sobre el estado del proceso de extradición y que están a la espera de que se emita el auto de Buen Supremo que decida sobre la cesación de la detención preventiva del exjefe antidroga.
Maximiliano Dávila, detenido desde 2022 en la cárcel de San Pedro, enfrenta cargos relacionados con delitos de narcotráfico, aunque no específicamente con narcotráfico en territorio boliviano. De acuerdo con las autoridades de EE.UU., Dávila habría desempeñado un rol clave en la operación de la red de tráfico de cocaína.
Además de las acusaciones penales, las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Dávila o que ayude a esclarecer su participación en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Mientras tanto, la falta de respuesta por parte del TSJ genera incertidumbre sobre el futuro de este caso y sobre el compromiso de las autoridades bolivianas en colaborar con la justicia internacional en la lucha contra el crimen organizado
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