

En un estremecedor hecho de violencia, las autoridades confirmaron ayer el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en la comunidad de Pucamayu, municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Las víctimas, desaparecidas desde el 12 de noviembre, fueron ejecutadas con arma de fuego tras más de 12 horas de torturas, según las investigaciones preliminares.
El caso está vinculado al bloqueo en Parotani, Sipe Sipe, y a la venta fallida de armas por parte de uno de los fallecidos, identificado como Cristian Zerna, un exmilitar. Las pesquisas revelan que Zerna habría cobrado 27.800 bolivianos a comunarios de Pucamayu para la entrega de dos fusiles, compromiso que nunca cumplió.
Cronología de la tragedia
El 12 de noviembre, Zerna fue convocado a la comunidad bajo el pretexto de realizar una transacción de armamento. Acompañado por el taxista Thadhashy Félix Loroña, ambos fueron retenidos por los pobladores. Bajo amenazas y torturas, Zerna vinculó a Loroña en el supuesto fraude. La situación escaló cuando Loroña llamó a su esposa, Trinidad Muñoz, para pedirle que entregara el dinero reclamado por los comunarios como condición para su liberación.
Muñoz, junto con Auristela Liza Loroña (hermana del taxista) y Juan Carlos Román Medina (un militar retirado), se dirigió a Pucamayu para intentar negociar la liberación. Sin embargo, tras un último contacto telefónico la noche del 13 de noviembre, los celulares de las víctimas dejaron de emitir señal. Horas después, todos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas clandestinas.
Intervención policial
El lunes 18 de noviembre, tras días de infructuosos intentos de rescate y mediación, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) exhumaron los restos de cuatro de las víctimas en la localidad de Villa Jorka, aledaña a Pucamayu. Además, dos presuntos autores materiales fueron aprehendidos.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que el crimen pudo estar motivado no solo por el fraude relacionado con las armas, sino también por posibles conflictos vinculados a plantaciones ilegales y actividades ilícitas en la región.
Llamado a la justicia Este trágico caso pone en evidencia la inseguridad y la violencia que azotan ciertas regiones del país, marcadas por conflictos sociales y actividades ilegales.