El presidente Luis Arce destacó que la reciente sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores representa un hito en la defensa de los recursos naturales y la soberanía de Bolivia. Según Arce, esta resolución judicial no solo hace justicia tras casi dos décadas de lucha, sino que también establece un precedente para que ningún acto que atente contra el patrimonio nacional quede impune.
«Tras 19 años de lucha incansable, ¡se hizo justicia! Y con esto se sienta un precedente muy importante respecto a nuestros recursos naturales y su administración en función al interés colectivo», expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
La sentencia condenatoria involucra a Sánchez de Lozada y a otros tres exfuncionarios de su gobierno: Jorge Eduardo Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, quienes fueron hallados culpables de firmar 106 contratos petroleros que, según la Constitución de 1967, carecían de la aprobación del Congreso Nacional. Estos contratos, que favorecieron a empresas transnacionales, fueron considerados ilegales por el TSJ, lo que subraya el rechazo de la justicia boliviana a los actos que comprometen los intereses nacionales y el patrimonio del pueblo boliviano.
Con una pena de seis años y tres meses para Sánchez de Lozada, y de cinco años para los otros tres imputados, la sentencia también incluye la inhabilitación de los acusados para ocupar cargos públicos durante cinco años. Además, se estableció que deberán cumplir su condena en el penal de San Pedro Chonchocoro.
El presidente Arce afirmó que la condena «representa un mensaje contundente de la justicia boliviana: No habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano». En este contexto, el mandatario destacó que la sentencia pone fin a un largo proceso judicial que se inició en 2005, impulsado por las demandas populares tras la firma de contratos que, según el gobierno actual, afectaron gravemente la economía nacional.
En paralelo, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que se iniciará una acción reparatoria contra las exautoridades y que se activará un proceso de extradición para que Sánchez de Lozada, quien se encuentra en Estados Unidos desde 2003, regrese a Bolivia a cumplir su condena. Cabe recordar que Sánchez de Lozada huyó del país tras los trágicos sucesos de octubre de 2003, cuando una masacre en la que murieron más de 60 personas y cientos resultaron heridas, derivó en su salida del poder.
Esta sentencia marca un punto de inflexión en la historia judicial de Bolivia, consolidando la lucha por la justicia y el respeto a la soberanía nacional en un tema tan sensible como lo son los recursos naturales del país.
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