En el trópico de Cochabamba, seguidores del expresidente Evo Morales han comenzado a cavar pozos estratégicos para impedir el aterrizaje de avionetas y helicópteros, como parte de una resistencia activa ante la orden de captura emitida en su contra por un caso de trata agravada de personas. Los afines al líder del MAS denuncian que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, estaría detrás de un plan para intervenir la zona y ejecutar su aprehensión, algo que calificaron como un intento de «enlutecer al pueblo boliviano».
Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ bajo la protección de grupos de simpatizantes que han instalado una vigilia permanente, reforzada en los últimos meses por seguidores llegados de diferentes regiones del país. Equipados con palos y escudos de metal, aseguran que no cederán hasta que «deje de haber persecución» en contra del exmandatario, a quien consideran víctima de un complot político que busca desprestigiarlo.
«Nuestro compañero Evo está secuestrado por culpa del ministro de Gobierno y de la fiscal de Tarija que inventaron pruebas sin justificación», declaró un dirigente del ala evista del MAS a la radio Kawsachun Coca, medio afín al exmandatario. Según sus declaraciones, los simpatizantes están organizados en distintos puntos del trópico y no abandonarán su posición.
Por su parte, la Justicia boliviana declaró en rebeldía a Morales el pasado 17 de enero, luego de que se ausentara nuevamente a una audiencia clave en el caso de trata de personas. Además, el tribunal dictó medidas cautelares como el arraigo nacional, la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El juez a cargo del proceso, Nelson Rocabado, desestimó los argumentos de la defensa sobre problemas de salud del exmandatario, calificándolos como «improcedentes».
En respuesta, Morales señaló que esta acusación es parte del denominado «Plan Negro», que, según él, el gobierno del presidente Luis Arce activó en 2021 para atribuirle «delitos, relaciones de pareja y paternidad» con el objetivo de fracturar al MAS y desestabilizar su liderazgo.
Mientras tanto, el ministro Del Castillo confirmó que el operativo para la captura del exmandatario se organiza de manera «milimétrica», aunque aún no se ha concretado, pese a las órdenes vigentes desde hace meses. Este proceso ha tensado aún más las ya fracturadas relaciones entre Morales y Arce, quienes mantienen diferencias irreconciliables desde 2021 sobre el rumbo del gobierno y el control del partido oficialista.
En medio de este complejo panorama político y judicial, el trópico de Cochabamba se mantiene como un bastión de resistencia, mientras el país observa expectante el desenlace de un caso que podría marcar un nuevo capítulo en la historia política de Bolivia
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