El país enfrenta una crisis económica agravada por el sabotaje legislativo que impide la aprobación de créditos esenciales para la inversión pública. Mientras la Asamblea Plurinacional bloquea el financiamiento de proyectos estratégicos, en el pasado se aprobaron y utilizaron recursos sin autorización, como los préstamos durante el gobierno de Jeanine Áñez. Esta maniobra política frena el crecimiento y afecta directamente a la población, privando a las regiones de infraestructura, salud y desarrollo.
Ante este bloqueo, el Gobierno ha impulsado medidas para mitigar el impacto de la escasez de divisas. La promulgación del Decreto Supremo 5348 permite a YPFB operar con activos virtuales para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, contrarrestando la presión de sectores que buscan condicionar la distribución de combustibles en beneficio propio. Sin embargo, la falta de liquidez generada por el boicot legislativo sigue afectando la economía nacional.
Desde 2020, la Asamblea Plurinacional ha aprobado 35 leyes de crédito por más de 4.000 millones de dólares, de los cuales solo se ha desembolsado el 49%. Ahora, el sabotaje político impide la aprobación de 1.663 millones de dólares adicionales, comprometiendo el desarrollo del país. Es urgente desbloquear estos recursos y frenar las maniobras que anteponen intereses partidarios al bienestar del pueblo boliviano.
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