
El país destina hasta el 3,6% de su Producto Interno Bruto (PIB) a mantener los precios de la gasolina y el diésel, según un reporte de Bloomberg.
La Paz, 2 de octubre de 2025 — Bolivia ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor gasto en subsidios a los combustibles en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB), con un 3,6%, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por Bloomberg Línea, basado en datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF).
El reporte detalla que Venezuela lidera la región con un 6% de su PIB destinado a este rubro, seguida por Bolivia (3,6%) y Ecuador (3%). En contraste, países como Perú destinan un 0,15% de su PIB a este concepto, mediante mecanismos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Impacto fiscal y económico
De acuerdo con analistas citados en el informe, los subsidios representan una carga persistente que convive con déficits fiscales estructurales y un deterioro sostenido de las reservas internacionales en Bolivia. El mantenimiento de precios artificialmente bajos, señalan, limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación, infraestructura o energías limpias.
El documento advierte que, además de su impacto fiscal, los subsidios incentivan un mayor consumo de combustibles, fomentan el contrabando y amplifican el déficit público, lo cual, al financiarse con emisión monetaria, puede presionar la inflación.
Jonathan Fortún, economista del IFF, explicó que, aunque el contexto de precios internacionales relativamente bajos ha atenuado temporalmente el costo, el riesgo estructural persiste. “Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará con rapidez”, señaló.
Costos políticos y sostenibilidad
El reporte también enfatiza el costo político de las reformas en este ámbito. La eliminación o reducción de subsidios, como ocurrió en Ecuador, ha generado protestas sociales y bloqueos, lo que ha frenado cambios en la región.
Bloomberg destaca que, mientras algunos países como Chile, Colombia y Perú han adoptado mecanismos de estabilización o bandas de precios, en Bolivia y Paraguay los subsidios se ejecutan directamente desde el presupuesto o mediante empresas estatales, sin reglas explícitas de ajuste ni mecanismos automáticos de corrección, lo que reduce la transparencia.
Según el informe, este esquema convierte al subsidio en “una cuenta opaca dentro del Estado” y condiciona la sostenibilidad de las políticas fiscales en un contexto de volatilidad de precios internacionales.