
La autoridad negó que el Órgano Ejecutivo tenga relación con proyectos legislativos orientados a desconocer los comicios de 2025 y advirtió que tales iniciativas ponen en riesgo la democracia y la paz social.
La Paz, 3 de octubre de 2025.– La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó este viernes las versiones que intentan vincular al Gobierno con un plan impulsado por algunos legisladores para desconocer las Elecciones Nacionales 2025.
La autoridad afirmó que dicho proyecto fue denunciado previamente por el propio Órgano Ejecutivo y advirtió que, de prosperar, representaría un riesgo para la democracia y la estabilidad social del país.
Prada recordó que un senador no alineado con la bancada oficialista presentó un proyecto de ley de prórroga, y que la posición del presidente Luis Arce fue rechazar cualquier intento de aprobar dicha iniciativa. Según explicó, incluso si hubiese sido aprobada en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo no la habría promulgado.
Asimismo, señaló que existen intentos de conformar una comisión especial de investigación sobre el proceso electoral, con el fin de desconocer los resultados de 2025 y convocar a nuevos comicios. Indicó que esta propuesta está vinculada a legisladores identificados con la corriente política que respalda a Evo Morales.
La ministra advirtió que una eventual aprobación de medidas de ese tipo podría generar conflictividad social y enfrentamientos. “Pretender el desconocimiento de las elecciones y que no se respeten los resultados llevaría a una convulsión con graves consecuencias para el país”, manifestó.
En relación con las denuncias difundidas en los últimos días sobre actas observadas en la primera vuelta electoral, sostuvo que forman parte de la misma estrategia política. No obstante, aclaró que toda denuncia debe ser investigada por las instancias competentes.
Finalmente, reiteró el llamado a los asambleístas nacionales a rechazar cualquier iniciativa que atente contra el proceso democrático y recordó que todos los órganos del Estado asumieron el compromiso de garantizar la segunda vuelta electoral y respetar sus resultados, en el marco de los acuerdos promovidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).